CleanIT quiere ”reducir el impacto del uso terrorista de Internet”. La organización, en la que participa el Gobierno español, entre otros, recibió hace dos años 330.000 euros de los fondos comunitarios para llevar a cabo este proyecto. Sus conclusiones, filtradas por la organización European Digital Rights, llegan en forma de recomendaciones y temas que discutir; entre ellos, “que debe ser legal para la policía patrullar las redes sociales. Esto incluye tener un perfil, unirse a grupos y enviar o recibir mensajes en el servicio”.

En el documento de 23 páginas que publica ArsTechnica plantea la obligación de los proveedores de Internet y las redes sociales de “unicamente” autorizar los nombres y las fotografías reales de sus clientes o permitir la identificación de los usuarios por su supuesta actividad terrorista en los servicios de VozIP, como Skype. También considera que “suministrar a sabiendas vínculos a páginas con contenidos terroristas debe ser definido por la ley como ilegal, al igual que el propio contenido terrorista”. También recomienda la creación de un navegador o sistema operativo “a nivel europeo” con un botón incorporado para informar de estas actividades.

Hay más consejos, algunos ya han levantado críticas entre juristas y expertos en tecnología. Consideran que muchas de los cambios propuestos, disponible en inglés en este enlace, supondrían una vulneración de las directivas comunitarias.

El profesor titular de Ciencia Política de la universidad Pablo Olavide Manuel Ricardo Torres Soriano es uno los participantes en este debate. Especializado en terrorismo y nuevas tecnologías, advierte que son solo recomendaciones que, después, deberá adoptar o no Europa y que no se trata de cambiar las leyes. “Son recomendaciones no jurídicas y todas pasan por una fundamental: la colaboración entre las empresas que dan los servicios de Internet  y las agencias de seguridad de cada país. Las claves del documento son la interlocución rápida y que las medidas no signifiquen un coste adicional a las empresas”.

El responsable de Clean IT, But Klaasen, que trabaja en el Ministerio holandés de Justicia y Seguridad, ha asegurado a la publicación digital que comprende la “histeria” alrededor del nuevo documento, porque conduce a “malinterpretaciones”. Klaasen insiste en que solo es un texto en discusión. “Si lo publicamos así, asustará a la gente. Por eso no lo habemos hecho. Se trata de material para la reflexión. Y somos conscientes de que hay ideas muy duras”. Este es el documento completo sobre el que se está trabajando.

El español Torres Soriano incide en que se trata de implicar a la sociedad en esa prevención o no hay nada que hacer. “La gente ya lo hace en páginas como YouTube, donde advierte de un vídeo pornográfico o violento, pues quí se trataría de lo mismo. YouTube es incapaz de monitorizar todos sus contenidos y le pasa al usuario esa posibilidad. Para el tema antiterrorista, ese botón de aviso debería estar en el navegador. Luego la comunicación con las agencias de seguridad debería funcionar con agilidad. Se trata de crear un sistema común para cualquier página web”.

Joe McNamee, director de European Digital Rights, ha escrito en la web de la organización que “el documento muestra hasta dónde los debates internos en esa iniciativa se han alejado de sus objetivos públicamente declarados, así como las normas jurídicas fundamentales que sustentan la democracia europea y el estado de derecho”. McNamee asegura que el texto le fue filtrado por un participante que quería mostrar que algunos de ellos no comulgaban con las propuestas, pero temían expresarlo y ser considerados “blandos” contra el terrorismo.

Torres Soriano, que quita hierro al documento, ve que hay una idea general en la que están todos de acuerdo: los beneficios que traería, por ejemplo, que en las redes sociales solo hubiera nombres reales con sus fotografías auténtica. “Lo que parece más difícil es cómo garantizarlos; pero es fundamental implicar a las empresas”.

CleanIT ha sido impulsada por los Gobiernos de Holanda, Alemania, Reino Unido, Bélgica y España, a través de los departamentos de seguridad. En este enlace puede consultar el resto de participantes, entre ellos Pascal Gloor, del Partido Pirata en Suiza. El documento volverá a debatirse en noviembre en Viena y las conclusioones se darán en febrero.

Pese a todo, el profesor español ve un cambio en el aprovechamiento de Internet por parte del terrorismo. “Tras unos años iniciales en que se veía como una vía libre, ya han empezado a darse cuenta de que también para ellos es una brecha de vulnerabilidad. Los servicios de inteligencia llevan tiempo aprovechando el medio para detectar y desbaratar a esos grupos”.

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